Ministerio de Relaciones Exteriores
República Oriental del Uruguay
COMUNICADO CONJUNTO
Sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Oriental del Uruguay y la República Árabe Saharaui Democrática
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay acordó en el día de la fecha el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática, única nación árabe de habla hispana. Ambos países han acordado establecer relaciones diplomáticas de conformidad con la Convención de Viena y los principios y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas.
El Gobierno de la República Oriental del Uruguay al realizar este reconocimiento pone una vez más en práctica su política de relaciones exteriores de carácter universalista, de paz, seguridad y cooperación con todas las naciones del mundo sin exclusiones, en base a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otras naciones y el respeto a la soberanía nacional.
Y firman este comunicado en Montevideo a 26 de diciembre de 2005.
Por la República Oriental del Uruguay Por la República Árabe
Saharaui Democrática
Reinaldo Gargano y Mohamed Salem Uld Salek
Ministros de Relaciones Exteriores
La República Árabe Saharaui Democrática - RASD
La República Arabe Saharaui Democrática, antiguo Sáhara Español, está situada en la costa atlántica del noroeste africano frente a las islas Canarias. Su superficie es de 286.000 km². Su capital es El Aaiún. La RASD limita al norte con Marruecos. En el extremo nordeste se encuentra la frontera con Argelia. Al este y al sur, comparte la frontera con Mauritania.
La población del Sáhara Occidental es de, aproximadamente, trescientos mil habitantes. Su cultura es árabe, con fuerte influencia española y sus lenguas oficiales son el árabe y el español. La República Saharaui es el único país árabe en el que se habla castellano. Su territorio posee los yacimientos de fosfatos más grandes del mundo, tiene petróleo, hierro, etc, y frente a sus costas se localiza el banco canario-sahariano, una de las zonas pesqueras más ricas del planeta.
España inició la colonización del Sáhara en 1882. Casi un siglo después, en 1975, el gobierno madrileño se enfrentaba a un grave dilema: conceder la independencia al pueblo saharaui tal como lo exigía desde 1966 la ONU, y desde 1970 el propio pueblo saharaui, o entregar la colonia a Marruecos y Mauritania.
Las presiones en este último sentido, procedían de algunos grupos financieros españoles, fuertemente vinculados a los intereses económicos marroquíes. Provenían también del gobierno francés, interesado en mantener y extender su influencia política, económica y cultural por todo el noroeste de Africa. Provenían, por último y sobre todo, de la propia monarquía marroquí, cuyas apetencias expansionistas ya se habían manifestado anteriormente en perjuicio de Argelia y Mauritania.
En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que había sido convocada por la Asamblea General de la ONU, emitió su dictamen respecto a la situación jurídica del Sáhara Occidental:
“... la conclusión del Tribunal es que los materiales y la información que les han sido presentados, no establecen ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos. Así, pues, el Tribunal no ha encontrado que existan lazos jurídicos de tal naturaleza que modIficaran la aplicación de la Resolución 1514 (XV) respecto a la descolonización del Sáhara Occidental, y en particular del principio de autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio”.
A pesar de los reclamos del Comité de Descolonización de la ONU, a pesar del dictamen de la Corte Internacional y a pesar de que el pueblo saharaui había comenzado en 1973 la lucha armada contra la presencia colonial de España, el gobierno franquista firmó el día 14 de noviembre de 1975 un acuerdo secreto con Marruecos y Mauritania, mediante el cual transfería a estos países la soberanía sobre su colonia a cambio de diversos beneficios económicos.
A fines de octubre de 1975, las Fuerzas Armadas marroquíes iniciaron la invasión del Sáhara. Poco después, Mauritania imitaba el ejemplo marroquí invadiendo desde el sur.
Una gran parte de la población civil saharaui abandonó las ciudades y buscó refugio en el desierto, donde fue perseguida y bombardeada por la aviación marroquí con napalm y fósforo blanco. Este hostigamiento incesante, sumado al hambre, la sed, las enfermedades y el clima, causaron millares de víctimas y colocaron a la población al borde del exterminio.
Así se desarrolló el “éxodo” que culminó meses más tarde, cuando el gobierno de Argelia permitió ingresar en su territorio a los fugitivos e instalarse bajo su protección. Mientras tanto, el Ejército de Liberación Popular Saharaui -ELPS- ofrecía resistencia y retrasaba el avance de los agresores, para que la población civil pudiese llegar a los campamentos de refugiados en Argelia.
El 27 de febrero de 1976, las fuerzas políticas saharauis, agrupadas y representadas por el Frente Popular de Liberación de Saguia El Hamra y Río de Oro (Frente POLISARIO), proclamaron la república independiente y se dirigieron a la opinión pública internacional, reclamando apoyo para su naciente Estado y el respeto a los principios del Derecho Internacional.
Desde entonces, el pueblo saharaui hizo valer por la vía de las armas su determinación de ser independiente y ejercer su soberanía sobre el territorio nacional. Mauritania fue derrotada y firmó un acuerdo de paz en agosto de 1979. Por otro lado, tras quince años de guerra, y a costa de enormes sacrificios, los combatientes saharauis contuvieron y equilibraron el poder de fuego de 165.000 efectivos marroquíes, pertrechados con el mejor armamento norteamericano, sudafricano, francés y español.
A lo largo del conflicto, las Naciones Unidas y la Organización para la Unidad Africana (OUA) no cejaron en su esfuerzo por encontrar una solución pacífica. Estas gestiones desembocaron a fines de 1988 en un proceso de negociaciones, conducido inicialmente por el jurista uruguayo Dr. Héctor Gros Espiell, que culminó con un alto al fuego, en setiembre de 1991.
El objetivo de las negociaciones y el cese del fuego en el Sáhara, era crear las condiciones para que la población saharaui pudiese definir su futuro político a través de un referéndum organizado y supervisado por la ONU. A tales fines, se implementó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), con el propósito de garantizar que el cuerpo electoral, definido a partir del último censo español de 1974, pudiese manifestar su voluntad sin ingerencias ni presiones ajenas.
Sin embargo, los preparativos de dicho referéndum han sido obstaculizados o interrumpidos reiteradamente por el gobierno marroquí, que se ha negado a admitir el censo español como única base válida para elaborar el padrón electoral. De hecho, la aceptación de dicho censo por ambas partes constituyó la base para el establecimiento del cese del fuego.
El rey Hassan II pretendió que a los 73.500 habitantes registrados por el censo español, se le añadiese una lista con 120.000 nombres de "saharauis" instalados o nacidos en Marruecos. Al mismo tiempo, su gobierno trasladó decenas de miles de ciudadanos marroquíes al Sáhara y les suministró documentación acreditándolos como nacidos en suelo saharaui.
El gobierno de Rabat ha tratado de ganar tiempo y así poder crear las condiciones más favorables, para ganar en las urnas lo que no pudo ganar en el campo de batalla.
Mientras tanto, 180.000 refugiados saharauis aguardan en los campamentos del sur de Argelia el momento de retornar a su patria. Este conglomerado humano sobrevive gracias a su ejemplar organización y a la ayuda humanitaria del gobierno de Argelia, del ACNUR, de la Cruz Roja Internacional y de entidades sociales y gubernamentales europeas. No obstante, las condiciones de vida en estos campamentos, son sumamente precarias.
Sólo un fuerte sentimiento de nacionalidad, forjado a lo largo de treinta años de lucha por la independencia, puede explicar la resistencia de este pueblo ante las duras pruebas que le ha tocado enfrentar.
Actualmente, la RASD, pese a tener una parte significativa de su territorio ocupado por Marruecos, ha sido reconocida diplomáticamente por 82 países, 27 de los cuales son latinoamericanos:
México
Saint Kitts Nevis
Guyana
Guatemala
Antigua y Barbuda
Surinam
Belize
República Dominicana
Venezuela
Honduras
Trinidad Tobago
Colombia
Nicaragua
Santa Lucía
Ecuador
El Salvador
Barbados
Perú
Costa Rica
Dominica
Bolivia
Panamá
Granada
Paraguay
Jamaica
Uruguay
Cuba
